IU reclama que la Ayuda a Domicilio vuelva a manos públicas en Peñarroya-Pueblonuevo
Izquierda Unida propone que el Servicio de Ayuda a Domicilio sea gestionado directamente a través de la empresa municipal Promociones Industriales y defiende que los recursos destinados a la dependencia reviertan en el propio servicio. La formación respaldó la actualización del precio hasta los 17,46 euros por hora en el pleno de septiembre.

Izquierda Unida de Peñarroya-Pueblonuevo ha vuelto a poner sobre la mesa la gestión pública del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). La formación ha planteado que, de cara a futuras contrataciones, el Ayuntamiento estudie que la prestación pueda ser asumida directamente a través de la empresa municipal Promociones Industriales, frente al actual modelo de gestión externa.
La propuesta fue defendida después de que el Pleno municipal abordara la actualización del precio por hora del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio hasta los 17,46 euros, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.
IU respaldó esta actualización, pero aprovechó el debate para defender un cambio en el modelo de prestación. Según la formación, una gestión pública permitiría incrementar el control y la transparencia sobre los recursos destinados al servicio y favorecer que estos reviertan en la atención a las personas dependientes y en las condiciones de quienes desarrollan el trabajo.
La remunicipalización constituye, por ahora, una propuesta de Izquierda Unida y no una decisión adoptada por el Ayuntamiento. Una eventual modificación del sistema de gestión tendría que someterse a los correspondientes análisis jurídicos, económicos y organizativos.
De 16,63 a 17,46 euros por hora
La actualización económica que ha reabierto el debate municipal tiene su origen en una decisión de la Junta de Andalucía y, por tanto, no es una subida fijada unilateralmente por el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía elevó para 2026 en un 5 % el coste máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio, pasando de 16,63 a 17,46 euros por hora, con efectos económicos desde el pasado 1 de enero.
La resolución fue publicada en el BOJA el 15 de mayo.
La Junta argumentó que la actualización busca contribuir a la sostenibilidad de la prestación, garantizar los niveles de calidad y favorecer la calidad del empleo generado en este sector.
Los 17,46 euros no son el salario de las auxiliares
Uno de los aspectos fundamentales para entender el debate es que 17,46 euros por hora no equivale al salario que recibe directamente una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La cantidad constituye el precio de referencia establecido para financiar la prestación. De ese importe deben afrontarse los diferentes costes vinculados al servicio, entre ellos los laborales y empresariales.
Por ello, tampoco sería correcto considerar automáticamente como beneficio empresarial la diferencia existente entre esos 17,46 euros y el salario bruto por hora percibido por una auxiliar.
IU plantea, sin embargo, una cuestión diferente: en qué medida las sucesivas mejoras de la financiación pública terminan repercutiendo en las condiciones laborales de las personas que prestan directamente la ayuda a domicilio.
IU quiere que Promociones Industriales gestione el servicio
La formación defiende que el Ayuntamiento estudie que sea Promociones Industriales, la empresa municipal, la que asuma la gestión del SAD cuando corresponda abordar el futuro modelo de prestación.
IU considera que esta fórmula permitiría mantener un mayor control público sobre los recursos, aumentar la transparencia y favorecer su reinversión en el propio servicio y en el municipio.
La normativa autonómica establece, además, que cuando el Servicio de Ayuda a Domicilio sea prestado por una entidad diferente de la propia corporación local, el coste abonado debe destinarse íntegramente a la prestación del SAD. Esto no significa que los 17,46 euros tengan que convertirse íntegramente en salario, sino que los fondos deben aplicarse a los costes asociados al servicio.
El debate abierto en Peñarroya-Pueblonuevo trasciende así la actualización económica aprobada para 2026. La cuestión que IU plantea para las próximas contrataciones es quién debe gestionar uno de los principales servicios destinados a las personas dependientes: una empresa externa o directamente el sector público municipal.