Polémica por el acceso a una calle peatonal de Peñarroya-Pueblonuevo tras la denuncia de un vecino
Una familia denuncia que la instalación de bolardos en la calle Hernán Cortés le impide acceder en vehículo hasta su vivienda, mientras que el Ayuntamiento defiende que estos elementos forman parte de la configuración de una vía peatonal y asegura que el asunto se encuentra actualmente judicializado.
La reposición de bolardos en la calle Hernán Cortés de Peñarroya-Pueblonuevo ha generado una controversia después de que un vecino haya denunciado públicamente las dificultades que, según sostiene, encuentra para acceder en vehículo hasta su domicilio.
El afectado asegura que, tras regresar de un viaje acompañado de dos menores y con equipaje y compras, no pudo acceder con su vehículo hasta las inmediaciones de su vivienda para realizar labores de descarga debido a la existencia de bolardos fijos que restringen el tráfico rodado.
En su denuncia pública, el vecino cuestiona además el procedimiento seguido para mantener cerrado el acceso y sostiene que la situación podría afectar tanto a la habitabilidad de la vivienda como a la entrada de vehículos de emergencia. También afirma disponer de grabaciones de conversaciones mantenidas con responsables municipales y con la Policía Local.
El denunciante señala que ha trasladado el asunto a la vía judicial mediante una ampliación de denuncia y que ha aportado diferente documentación y grabaciones para respaldar sus alegaciones.
El Ayuntamiento defiende el carácter peatonal de la vía
Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ofrece una versión diferente de los hechos. Desde el Consistorio señalan que los bolardos se encuentran instalados desde la reforma de la calle, concebida como una vía peatonal, además el Ayuntamiento peñarriblense especifica que se tratan de bolardos desmontables no fijos y sostiene que su finalidad es garantizar la seguridad de los vecinos y de los peatones que transitan por la zona.
Respecto a las acusaciones formuladas públicamente por el vecino, fuentes municipales indican que el conflicto se encuentra ya judicializado, por lo que consideran que corresponderá ahora a los tribunales determinar si la actuación municipal se ajusta a derecho y resolver las cuestiones planteadas por el denunciante.
De este modo, las posiciones entre ambas partes permanecen enfrentadas: mientras la familia reclama poder disponer de algún sistema que permita el acceso puntual hasta su vivienda, especialmente para operaciones de carga y descarga, el Ayuntamiento mantiene que la regulación existente responde al carácter peatonal y a las condiciones de seguridad establecidas para esta calle.
El procedimiento judicial abierto será el que determine finalmente si existen irregularidades en la actuación denunciada y qué medidas, en su caso, deben adoptarse.